Semana 32

• Se presentaron y votaron las 622 observaciones de las expertas y expertos al texto aprobado por el Consejo Constitucional.

• Los intentos durante la semana de generar observaciones de consenso fracasaron y finalmente se presentaron por separado parte de los distintos sectores políticos.

• Las votaciones incluyeron acuerdos en materias orgánicas como Ministerio Público, Banco Central y Contraloría General de la República. 

• Los principales desacuerdos se dieron en materias de derechos como salud, educación, libertad sindical y seguridad social. 

Negociaciones fracasadas y jornada de votaciones

La Comisión Experta comenzó con las negociaciones el sábado 7 de octubre y se acordó negociar hasta el pasado martes 10. Estas conversaciones, se iniciaron con el trabajo separado de las subcomisiones que habían sesionado en la primera etapa del proceso, pero ante la falta de consensos tuvieron que abrir una nueva mesa compuesta por ocho comisionados, cuatro de cada sector, para poder destrabar los nudos más críticos del texto propuesto por los consejeros. Ante la poca posibilidad de pactos, se pospuso el comienzo  de las votaciones en dos oportunidades. Así, la citación a votar fijada para el miércoles 11 tuvo que iniciar recién ayer jueves, a las 11:00 horas, se prolongó hasta altas horas de la noche y finalizó recién hoy viernes (a pocas horas de salir este reporte). 

Al comenzar a votar, pudimos constatar la falta de conciliación en que muchas de las observaciones presentadas por los expertos eran “espejo”, es decir muchas de ellas eran idénticas, pero fueron entregadas por distintos sectores. Esto implicó que muchas de las votaciones fueran repetidas o estuvieran encaminadas al mismo parecer, pero terminaron siendo rechazadas por no ser aquellas que la propia bancada presentó. Esta situación, se vio reflejada -por ejemplo- en el derecho a la vida, donde ambos sectores querían modificar la redacción del Consejo, pero ninguna observación tuvo los votos suficientes para ser aprobada. Al pasar las horas, y luego de votar los nudos críticos en materia de derechos, los expertos decidieron empezar a votar las indicaciones iguales en forma conjunta, lo que permitió avanzar de manera más eficiente. 

Normas aprobadas

Entre las observaciones debatidas y votadas más relevantes encontramos: 

Fundamentos del Orden Institucional, y Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales

• Se aprobó la redacción propuesta en el artículo 1 por parte de la oposición que contempla, en este orden, la inviolabilidad de la dignidad humana, familia como núcleo fundamental de la sociedad, Estado social y democrático de derecho, autonomía de cuerpos intermedios, principio de servicialidad del Estado, y solidaridad y remoción de obstáculos en los derechos y garantías que la Constitución establece. 

• Se reincorporó la paridad a la propuesta y se estableció que la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres.

• Derecho a la vida: al rechazarse toda redacción alternativa al texto queda en el texto la redacción que elaboró el Consejo: "La ley protege la vida de quien está por nacer".

• Sobre expulsión inmediata de migrantes, se eliminó la redacción propuesta por el Consejo y fue sustituida por la propuesta oficialista que sostiene que los extranjeros condenados dentro del territorio nacional deberán cumplir la pena carcelaria en su país de origen, cuando corresponda, y en caso de cumplir la pena en nuestro país serán inmediatamente expulsados. La ley determinará el proceso de expulsión o devolución.

• En relación a beneficios carcelarios por razones humanitarias, ambas bancadas presentaron enmiendas para modificar la redacción, pero no hubo acuerdo y, por lo tanto, la norma aprobada por el Consejo no puede ser modificada.

• Objeción de conciencia institucional: se aprobó observación oficialista que propone suprimir dicha expresión.

• En cuanto a la libertad de expresión, información y opinión, y el debate sobre el establecimiento de una verdad oficial por parte del Estado, no hubo acuerdo y se rechazaron las observaciones de las bancadas.

• Derecho a la salud: no hubo acuerdo para realizar modificaciones sustantivas a su regulación, y fueron rechazadas las enmiendas oficialistas que proponían modificar este artículo, por lo tanto el artículo quedó igual al aprobado por el Consejo.

• Derecho a la educación: no existió acuerdo para aprobar las observaciones presentadas por el oficialismo. En la misma dirección fue la votación sobre libertad de enseñanza, en que se mantiene el artículo igual al propuesto por el Consejo, salvo la eliminación de la moral como límite a la libertad de enseñanza y consagración de la autonomía de las instituciones de educación superior. 

• Derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación, y libertad sindical: no hubo acuerdo para realizar las modificaciones que cada sector proponía, la norma quedó igual al texto aprobado por el Consejo.  

• Seguridad social: no hubo acuerdo para realizar modificaciones al artículo, por lo tanto quedó la redacción de los consejeros que proponen el acceso a prestaciones a través de instituciones públicas o privadas, la propiedad sobre las cotizaciones previsionales y el derecho a elegir la institución, estatal o privada, que los administre. 

• Derecho a la vivienda adecuada: se eliminó exención de contribuciones e impuesto territorial a la vivienda principal. 

• Se eliminó la “grave amenaza terrorista” como causal de estado de sitio. 

Defensa Nacional y Seguridad Pública 

• Se eliminó que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de seguridad e intereses territoriales, en situaciones de protección civil, en contribución al desarrollo nacional. Además, se suprime el artículo que dispone que las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar. 

Congreso Nacional

• Se mantuvo intacta la norma que fija un umbral de 5% de los votos para que un partido político tenga representación parlamentaria, u ocho parlamentarios en total.

Reforma y Reemplazo Constitucional

• En materia de reforma constitucional, la Comisión Experta realizó modificaciones menores, y se mantuvo el texto aprobado por los consejeros. En cambio, el artículo sobre reemplazo constitucional fue suprimido de la propuesta. 

• Además, en relación al control de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional, se rechazó la enmienda oficialista que buscaba poner mayores límites a las atribuciones de este órgano y, por lo tanto, se oficializó la redacción propuesta por el Consejo. 

Vale la pena señalar que muchas de las observaciones fueron aprobadas con la abstención del único representante del Partido Repúblicano, Carlos Frontaura. En capítulos críticos para este sector, no se llegó al ideario querido por ellos; destacan en este sentido normas sobre Defensa Nacional y Seguridad Pública, migración y contribuciones. Por lo tanto, lo que pasará en el Consejo es aún incierto. Es muy posible que si no se llega a un acuerdo con los Republicanos en los próximos días, estos ejerzan el poder de veto que ostentan, y las observaciones de los expertos deban pasar a una nueva etapa del proceso. En este sentido, de acuerdo a las declaraciones dadas por el consejero Luis Silva (Republicano), estiman que se sigue manteniendo el corazón de la propuesta, pero que aquellas con las que no se identifican esperan que lleguen a Comisión Mixta. 

El próximo lunes 16 y martes 17 de octubre, el Consejo deberá sesionar y votar las observaciones planteadas por los expertos. Si estas obtienen 3/5 de los votos del pleno, se entenderán definitivamente aprobadas, pero aquello que no obtenga dicho quórum ni sea rechazado por 2/3 de este órgano podrán pasar a una Comisión Mixta.

La eventual Comisión Mixta estará compuesta por seis expertos y seis consejeros, quienes tendrán un plazo de cinco días para elaborar propuestas de solución, que deberán aprobarse por 3/5 de sus integrantes. Si las propuestas no alcanzan esta votación, deberá comunicarse a la Comisión de Expertos para que en el plazo de tres días formulen una nueva redacción a la norma en discordia. 

A esta altura del proceso, los acuerdos que se tomen serán cada vez más definitivos, y las instancias de negociación comienzan a agotarse. Por ello, las votaciones y consensos de la próxima semana son cruciales para el rumbo que tomará la propuesta a votarse el 17 de diciembre.