Semana 18

Las comisiones del Consejo Constitucional recibieron audiencias públicas solicitadas por la ciudadanía en doble jornada durante los últimos días. Este viernes, se termina el denominado “mes de la participación”, por lo que es la última oportunidad para que las iniciativas populares de normas alcancen el número de firmas requeridas para ser parte del debate del Consejo. Al cierre de este reporte, 17 normas han alcanzado dicho umbral.

Poco que contar, mucho que analizar

Al igual que en semanas anteriores, el proceso constitucional ha sido poco noticioso. En parte, porque todavía no comienza el debate sobre modificaciones al texto de la Comisión Experta. Esas propuestas de cambio se conocerán el 17 de julio. 

La contingencia política, sin embargo, sí está marcando la discusión. Mientras el espectro político está concentrado en las implicancias del caso de la Fundación Democracia Viva y los traspasos de recursos a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, en el Consejo se toma nota y es probable que se incorporen enmiendas “anticorrupción”, lo que fue esbozado por la prensa desde la bancada republicana y de Chile Vamos. A pesar de que el anteproyecto cuenta con normas y alusiones a la corrupción, sumar enmiendas de acuerdo a la política contingente podría abrir la puerta a debates más puntuales en los próximos meses, entorpeciendo los debates de fondo.

De todas formas, hay algunas conversaciones de los temas de fondo. El Partido Republicano ha dado señales -como se ha reportado en informes anteriores- respecto a qué materias podrían generar controversia a la hora de pensar en ajustes a las propuestas de la Comisión Experta.

La participación en cifras

El “mes de la participación” nos deja algunos datos interesantes que comentar. En el caso de las iniciativas populares de normas (IPN), se presentaron 1.309, la mayoría por hombres (70%) y concentradas en un rango etario entre los 45 y 55 años. A su vez, los temas sobre los cuales se presentaron más iniciativas fueron derechos sociales (con especial énfasis en salud, educación, vivienda y pensiones); seguridad; medioambiente (siendo la regulación constitucional del agua lo más reiterado) y modernización del Estado. Además de una menor cantidad, materias como los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres han tenido poca visibilidad y baja adhesión. En contraste, cobra fuerza la modernización del Estado en diversas formas, desde cambios a la carrera funcionaria hasta del funcionamiento de las instituciones.

Respecto al proceso anterior, se ha visto una menor participación en las iniciativas populares de normas, las cuales tenían un umbral más bajo para hacerse parte del proceso (10 mil firmas versus 15 mil en el proceso anterior). En el proceso pasado participaron 980.332 personas, mientras que en el actual no se han alcanzado las 200.000. A su vez, el número de iniciativas que se integrará al Consejo será considerablemente menor, ya que en el proceso anterior fueron 78, y al cierre de este reporte aún no se llegaba a las 20 normas con los requisitos cumplidos para ser parte del proceso.

En el caso de las audiencias públicas, un 52% de ellas fue solicitada por personas individuales, mientras que el 48% restante por personas en representación de organizaciones de la sociedad civil. Existió una distribución uniforme de los rangos etarios, mientras que territorialmente las solicitudes se concentraron en la Región Metropolitana (55%), seguida por la Región de Valparaíso (10%) y Biobío (6%). El porcentaje restante se distribuyó en el resto de las regiones. 

Cabe mencionar que en este proceso, se acogieron todas las solicitudes de audiencia, pero solo 200 de 1.800 solicitudes fueron asignadas directamente al Consejo, mientras el resto se procesó a través de las universidades. Sobre los temas relevantes, las audiencias se han centrado en la regulación de las aguas; órganos autónomos; derechos de niñas, niños y adolescentes; género y representación; descentralización y participación política.

Sobre este mecanismo, el proceso actual ha tenido mejores números que el anterior. La Convención Constitucional recibió 1.200 audiencias en el mismo plazo, mientras que el Consejo Constitucional y las universidades acreditadas recibirán 1.841 audiencias.

Sobre las iniciativas populares que ya son parte del proceso

Los temas de las iniciativas populares que ya cumplen con los requisitos para ser debatidas en el Consejo son variados. Por ejemplo, existen dos sobre pensiones (una busca la inexpropiabilidad y heredabilidad, mientras otra busca la libre administración anual de los afiliados sobre el 10% de sus fondos). 

En el ámbito de derechos, destacan las iniciativas relativas a la vivienda digna, segura y propia; educación pública; derecho a los cuidados; derecho preferente de los padres a educar a sus hijos; libertad de conciencia y religión; legítima defensa garantizada y la posibilidad de que las personas mayores de 75 años cumplan las penas privativas de libertad en sus domicilios. 

En el caso de las normas medioambientales, resalta la que busca una nueva regulación del agua (presentada por Modatima) y la que busca introducir la protección constitucional de los animales. Finalmente, existen dos iniciativas que buscan introducir el respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chilenos.

La Secretaría de Participación Ciudadana continuará recibiendo audiencias públicas por medio de las universidades acreditadas, para luego iniciar el proceso de sistematización de la información para hacerla llegar al Consejo Constitucional, lo que se hará utilizando mecanismos de inteligencia artificial. Esto será entregado a la mesa directiva el 21 de julio, y constituirán 30 informes con un análisis pormenorizado del contenido de las audiencias.

Sobre el cronograma del proceso, será la última semana previa al cumplimiento del plazo para presentar enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta por parte de los consejeros (17 de julio), por lo que se espera que existan mayores antecedentes sobre los que serán los temas prioritarios para cada una de las fuerzas políticas.