Semana 7

Cambió el ánimo al interior de la Comisión Experta y afloraron con fuerza las divergencias. Las 900 enmiendas presentadas mostraron que materias como pueblos indígenas y protección del medioambiente todavía requieren un debate intenso antes de llegar a un texto de consenso. Pero también hubo implícitamente materias donde se constatan mayores acuerdos, especialmente en las definiciones del sistema político.  Este ánimo más tenso, sin duda, se explica también por el hecho de estar a dos semanas de las elecciones para el Consejo Constitucional, y por el riesgo que enfrentan ambos sectores políticos de verse desbordados por los candidatos de los extremos del espectro ideológico.

Como se podía anticipar, los ánimos cambiaron bruscamente en la Comisión Experta. Las enmiendas presentadas por el oficialismo fueron consideradas un abierto rompimiento de acuerdo por los mínimos comunes. Para la oposición, el primer borrador de Constitución no debía ser enmendado, sino solo ampliado con nuevos textos añadidos sobre la base acordada. El oficialismo, en cambio, consideraba que el borrador inicial no era intocable ni formaba parte de un acuerdo ya zanjado, y que sería un texto sobre el cual trabajar en esta siguiente etapa para evitar la “hoja en blanco”.  

Los temas que generaron más controversia y tensión fueron los referidos a la seguridad social y el Estado social de derecho. Como habíamos anticipado en reportes anteriores, el derecho a la salud y las pensiones eran materias que iban a generar fricciones a la hora de pasar a la discusión en particular. Con textos que parecen maximalistas, el oficialismo busca ahora ampliar esos derechos, detallarlos y restringir la participación privada, mientras que la oposición intenta lo propio buscando, por ejemplo, asegurar el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales y evitar la consagración constitucional de la negociación colectiva ramal.

El contenido de las enmiendas presentadas es demostrativo de lo anteriormente mencionado. Desde el oficialismo, tal como se anunció, se presentaron enmiendas incorporando derechos de niñas, niños y adolescentes; derechos sexuales y reproductivos; derechos de los pueblos indígenas y una fórmula de paridad de resultado, y no solo incentivos previos en la conformación de las listas.  

La oposición, en cambio, presentó una cantidad considerablemente menor de enmiendas, relativas a mejoras del texto y a incorporar elementos como el reconocimiento de pueblos indígenas, incentivos a la paridad y la incorporación de derechos como el derecho a la vida del que está por nacer. 

Algunas enmiendas referidas a pueblos indígenas y la protección del medioambiente recuerdan de cierta forma el debate de la Convención sobre estas materias. Aparecieron nuevamente propuestas de normas constitucionales muy maximalistas y cuyas ramificaciones fueron duramente criticadas en la etapa anterior. Incluso pueden ser planteadas como motivadoras del triunfo del rechazo. Pensemos, por ejemplo, en la restitución del derecho a la consulta indigena en la Constitución (aunque ahora no tenga carácter vinculante en ninguna instancia o ámbito).

Donde se aprecia un mayor consenso, o menor fricción, es respecto al diseño del sistema político. La opción presidencial sigue con amplio consenso y las reglas para desfragmentar el sistema de partidos parece ir ganando fuerza. Propuestas como la prohibición de los pactos de partidos pueden generar menos partidos en el Congreso y más fuertes, lo que contribuye a la gobernabilidad. Lo mismo ocurre con la mantención y detalle de las órdenes de partido.

El umbral de 5% para lograr representación en el Congreso está buscando ser debilitado por la oposición, lo que podría atenuar su eficacia para desfragmentar el sistema de partidos. El consenso general todavía parece estar en un diagnóstico que revela que partidos muy pequeños con líderes disruptivos en las discusiones legislativas pueden generar diversos problemas de gobernabilidad.

Como se puede apreciar en el siguiente resumen de las materias incluidas en las enmiendas al primer borrador, aparecieron los temas de disputa que se habían anticipado en reportes anteriores: pueblos indígenas, paridad, protección del medioambiente, derechos sociales y Estado social, entre otros.  

Al final de este documento puedes revisar un listado de las materias más importantes de las enmiendas presentadas y en un documento anexo puedes ver los detalles. 

Esta semana, se inicia el debate en particular en cada una de las subcomisiones, esperando que existan sesiones en doble jornada en más de una de ellas. Desde la secretaría general se estima que se celebren al menos 11 sesiones por cada subcomisión, donde se discutirá y votará cada una de las enmiendas presentadas.

Luego, la secretaría general deberá realizar los respectivos informes para que se proceda a la discusión y votación en particular en el pleno de la Comisión Experta, en lo que será la última etapa de trabajo antes de la instalación del Consejo Constitucional.

Capítulo I: Fundamentos del Orden Constitucional

• Paridad general.

• Estado social de derecho en el primer artículo de la Constitución.

• Eliminación de la mención al régimen presidencial.

• Regulación de la aplicación de los tratados internacionales de DD. HH.

• Seguridad pública.

• Diversas normas sobre protección del medioambiente.

Capítulo II: Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales

• Ampliación del derecho a desarrollar actividades económicas.

• Solo la ley podrá autorizar al Estado y sus organismos a desarrollar actividades empresariales o participar en ellas.

• Dentro del ámbito de sus competencias, el Banco Central buscará contribuir al bienestar social de la población.

• Del mismo modo, y en el ejercicio de sus potestades, el Banco Central considerará, de acuerdo a la naturaleza de estas y según corresponda, elementos como la estabilidad y eficacia del sistema financiero, el pleno empleo, la diversificación productiva y el cuidado del medioambiente y el patrimonio natural, así como cualquier otra materia que su Consejo fundamente.

• La ley establecerá las instancias de coordinación entre el Banco Central y el gobierno para un adecuado cumplimiento de lo prescrito en los incisos anteriores.

• Se reconoce la función social y ecológica de la propiedad.

• Sobre las concesiones en materias mineras, el Senado deberá prestar su acuerdo a aquellos decretos supremos que contemplen condiciones para concesiones administrativas o contratos especiales de operación con duraciones totales que superen los 15 años.

• El agua es un bien natural de uso público, en cualquiera de sus estados, sin que exista propiedad sobre ella. Otras normas vinculadas a la regulación del agua y la protección del medioambiente.

• Diversas materias referidas a la seguridad social, derecho al trabajo y derecho a la salud, las obligaciones del Estado, cotizaciones obligatorias y participación de privados en su provisión, propiedad privada, entre otras (ver más detalles en anexo).

• Se propone el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en materias que los afecten y al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos.

Capítulo III: Representación Política

• Derecho a voto desde los 16 años.

• Reglas de firmas y votaciones mínimas para constituir y disolver partidos políticos.

• Creación del Defensor Ciudadano.

• Participación de independientes en elecciones.

• Prohibición de la orden de partido en algunas materias y determinación de su ámbito antes de las elecciones de parlamentarios.

• Prohibición de financiamiento de personas jurídicas y extranjeros de los partidos.

Capítulo IV: Congreso Nacional

• Escaños reservados para pueblos indígenas contingentes al padrón electoral.

• Paridad en ambas cámaras.

• Sistema electoral proporcional con listas cerradas.

• Prohibición de pactos entre partidos.

• Creación de un distrito electoral exterior.

• Restauración del principio de dominio mínimo legal.

• Prohibición del indulto a crímenes de lesa humanidad.

• Eliminación de leyes interpretativas de la Constitución.

• Reglas para la elección de diputados con distritos de hasta cinco escaños.

• Excepción a la regla del 5% cuando un partido elige más de ocho diputados y ocho senadores.

• Eliminación de la facultad actual de las salas de revisar la inadmisibilidad de un proyecto de ley o indicación por ser de iniciativa exclusiva. Solo podrá ser revisado por la Corte Constitucional a petición de no menos de 1/5 de los miembros de alguna sala.

Capítulo V: Gobierno y Administración del Estado

• Pasa de “deberá” a “podrá” la facultad del Presidente de nombrar uno o más ministros coordinadores con el Congreso.

• Mandato para crear los tribunales contencioso administrativos.

• Se elimina la colaboración de las FF. AA. en situaciones de emergencia y catástrofes nacionales.

Capítulo VI: Gobierno y Administración del Estado Regional y Local

• En cada región, dos o más comunas podrán constituir un área metropolitana conforme a los requisitos y criterios que determine la ley.

• Mandato al legislador para promover los derechos de los pueblos indígenas en los términos reconocidos por esta Constitución en la regiones y comunas y, especialmente, en aquellas con presencia significativa de población pertenecientes a ellos.

• Los municipios podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones de prevención, apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana a nivel comunal, en conformidad a la ley.

• Sobre las sobretasas a determinados tributos (art. 137), la ley deberá establecer los requisitos y el quórum que se requerirá de parte del Consejo Regional o del Concejo Municipal para su aprobación.

• Disposición transitoria: las elecciones municipales y regionales que se llevarán a cabo en el año 2027 se postergarán para el último domingo del mes de abril del año 2028.

Capítulo XIII: Protección del Medioambiente, Sostenibilidad y Desarrollo

• Diversas normas de mayor intensidad respecto a la protección del medioambiente y regulación del agua con la Constitución.

Capítulo XIV: Procedimientos de Cambio Constitucional

• Iniciativa popular de reforma constitucional con 5% del electorado.

• Rebaja del quórum de reforma constitucional de 3/5 a 4/7.

• Posibilidad de disolución del Congreso Nacional con el voto conforme en cada Cámara de los 2/3 de sus miembros en ejercicio para un llamado a nuevas elecciones y elaboración de una nueva Constitución.

• Los proyectos de reforma constitucional no podrán versar sobre materias de ley ni otras que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales de la Constitución. Tampoco podrán establecer prestaciones pecuniarias de ningún tipo. Tampoco se podrán incorporar estas materias en normas transitorias de la Constitución.

• Solo podrá iniciarse un procedimiento de reemplazo de la Constitución a propuesta del Presidente de la República y con el acuerdo de los 4/5 de los integrantes en ejercicio de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, o por acuerdo de ambas cámaras, adoptado por el mismo quórum. Además, se fijan diversas reglas y condiciones para reemplazar la Constitución en su totalidad.